Caso Goleada: juez dicta prisión preventiva
El juez Jairo García revocó las medidas alternativas y ordenó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, sus dos hermanos y otros procesados. También mantuvo la incautación de una vivienda y siete vehículos.
El juez Jairo García ordenó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Antonio Alvarez, presidente de Barcelona Sporting Club, y Xavier Alvarez Henriques, dentro del proceso judicial conocido como caso Goleada.
La decisión fue anunciada durante una audiencia telemática que se desarrolló durante aproximadamente tres horas, la tarde y noche del lunes 6 de julio de 2026.
Durante la diligencia, el magistrado revocó las medidas alternativas que habían sido concedidas anteriormente y dispuso nuevamente la prisión preventiva para los tres hermanos Alvarez.
¿Qué se investiga en el caso Goleada?
Dentro del caso Goleada, la Fiscalía investiga un presunto delito de delincuencia organizada y posibles operaciones de lavado de activos relacionadas con el supuesto desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados.
Según la hipótesis presentada dentro de la investigación, se habría utilizado combustible diésel subsidiado destinado al segmento naviero nacional para posteriormente desviarlo al mercado naviero internacional, aprovechando la diferencia existente entre los precios.
A este supuesto procedimiento se lo habría identificado internamente como “el cambiazo”, de acuerdo con un testimonio anticipado incorporado al proceso.
Nuevos elementos financieros
El juez señaló que la decisión de endurecer las medidas cautelares respondió a la aparición de nuevos elementos durante la instrucción fiscal.
Entre los elementos presentados constan pericias relacionadas con presunto lavado de activos, análisis societarios de la Superintendencia de Compañías y el testimonio anticipado de José Ricardo Cevallos Avellán.
Las investigaciones financieras también habrían detectado movimientos patrimoniales entre compañías vinculadas con el grupo económico de los hermanos Alvarez, mediante compensaciones de créditos y aumentos de capital realizados entre los años 2021 y 2023.
Transferencias relacionadas con Barcelona SC
Durante la audiencia también se mencionaron transferencias realizadas desde cuentas de determinadas empresas hacia cuentas personales de Antonio Alvarez.
Según los elementos expuestos dentro del proceso, posteriormente se habrían canalizado más de USD 2 millones hacia el fideicomiso de Barcelona Sporting Club.
Estas operaciones forman parte de la investigación que deberá ser analizada durante las siguientes etapas del proceso. La existencia de transferencias no representa, por sí sola, una declaración de culpabilidad.
Transferencias de acciones bajo investigación
Otro de los elementos analizados corresponde a una reorganización societaria realizada en julio de 2024, pocos días después de que se hiciera pública una denuncia estatal relacionada con la comercialización presuntamente irregular de combustibles.
De acuerdo con el peritaje financiero mencionado en la audiencia, los hermanos Alvarez habrían transferido sus paquetes accionarios de la empresa Ternape Petroleum a terceras personas.
El juez consideró que no se habría evidenciado un flujo bancario que respaldara el pago de dichas acciones, situación que fue tomada en cuenta al evaluar un posible riesgo de alteración de documentos u obstaculización del proceso.
Se mantiene la incautación de la vivienda
El juez también ratificó la incautación de una residencia ubicada en la urbanización Blue Bay, en la Isla Mocolí, Samborondón, donde habitan los hijos del alcalde de Guayaquil.
La defensa solicitó que se levantara esta medida argumentando que en el inmueble viven tres menores de edad, de tres, cinco y siete años, además de una persona adulta mayor con discapacidad visual.
Sin embargo, el magistrado determinó que esta situación no representaba una circunstancia nueva que justificara revocar la incautación. A petición de la defensa, se concedió un plazo de 15 días para desocupar el inmueble.
Siete vehículos continuarán incautados
Los hermanos Alvarez también solicitaron que se levantara la incautación de siete vehículos, argumentando que habían sido vendidos en 2024, antes de que se ordenaran las medidas judiciales.
El juez rechazó el pedido después de verificar que, según los registros oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito, los automotores todavía aparecerían a nombre de los procesados.
La única medida real que fue revocada durante la diligencia correspondió a la inmovilización de una cuenta de ahorros perteneciente a Gastón Loy Correa, luego de comprobarse que dicha cuenta era utilizada exclusivamente para recibir sus remuneraciones.
El proceso avanza hacia la audiencia preparatoria de juicio
La instrucción fiscal concluyó oficialmente el 29 de junio de 2026. El siguiente paso será la convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio.
En esta diligencia, la Fiscalía deberá presentar su dictamen acusatorio o abstentivo contra las 17 personas naturales y nueve empresas que se encuentran procesadas dentro del caso.
Posteriormente, el juez deberá analizar los elementos de la acusación y los argumentos de las defensas para decidir cuáles de los procesados serán llamados a juicio.
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